El Efecto 2018 sobre el Puerto Deportivo y Puerto Banús

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Puerto Deportivo

El concejal de Puertos, Manuel Cardeña, ha explicado que se hará todo lo que se pueda para mantener la concesión del Puerto Deportivo

El denominado Efecto 2018 sobre el Puerto Deportivo y Puerto Banús se produce como consecuencia de la aprobación en 28 de julio de 1988 de la ley 22/1988: la Ley de Costas. En ella se establece una limitación del plazo de las concesiones para la construcción y explotación de puertos deportivos anteriores a la Ley de Costas, de modo que a los 30 años de la entrada en vigor de dicha ley caducarán todas aquellas que tuvieran un plazo mayor.

Desde la Asociación Marinas de Andalucía, entidad que representa a 16 puertos deportivos andaluces incluyendo el de Puerto Banús y el Virgen del Carmen, creen que esta es una interpretación que la Junta de Andalucía está haciendo del Reglamento que desarrolla esa Ley de Costas.

La entidad supraportuaria asegura que la Ley no afecta a los puertos de interés general ni a los puertos deportivos. “No hay una base jurídica y la propia Junta Andalucía en informes internos también dice que es competencia del Estado; por lo que actualmente se está a la espera de una consulta que se ha  efectuado al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente sobre este particular”, aseguran desde Marinas de Andalucía.

El concejal de Medio Ambiente, Playas y Puertos, Manuel Cardeña, ha explicado que se hará todo lo que se pueda para mantener la concesión del Puerto Deportivo, “se ha defendido que los contratos en los que se establece el plazo de la concesión siga vigente para aquellas anteriores a la Ley de Costas”.

Denuncian la elección del director del Puerto

A raíz de la reciente convocatoria pública para la provisión del puesto de Director del Puerto Deportivo de Marbella, Podemos ha denunciado que se vuelva a elegir un nombramiento por libre designación, “en lugar de un concurso de méritos con todas las garantías”. Según Podemos, “la experiencia ha demostrado que libre designación favorece el trato de favor y el clientelismo por intereses meramente partidistas, en vez de facilitar la elección de la persona más idónea y preparada para este puesto”.

La formación morada reclama a Manuel Cardeña que se paralice la convocatoria; y que la provisión se haga por el procedimiento de concurso de méritos, respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad.