Los exconcejales Susana Radío, del grupo socialista, y Diego Eyzaguirre, del PP, testifican ante el juez de la causa
El portavoz del grupo municipal socialista de Marbella, José Bernal, ha señalado este miércoles que los servicios jurídicos de su formación han pedido que el Tribunal Supremo (TS) asuma el caso PGOU. Se investiga una presunta falsedad en el acta del pleno del 29 de julio de 2009 en el que se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana de 2010, ya que, ha dicho, la única «señalada» es la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que es aforada al ser senadora.
Bernal, que ha comparecido en rueda de prensa, ha señalado que el letrado del grupo municipal socialista, José Mariano Benítez de Lugo, ha solicitado al juez instructor que suspendiera las declaraciones testificales de los exconcejales Susana Radío, del PSOE, y Diego Eyzaguirre, del PP, y las dos funcionarias que transcribieron el acta de la sesión plenaria de 2009, previstas para este miércoles.
«La suspensión que hemos solicitado tenía como objetivo que el juez instructor reflexionara con tiempo sobre los argumentos del fiscal –que considera que se debe remitir al Supremo esta causa–, que hace suyos el PSOE. Ahora sólo cabe actuar contra la alcaldesa, que está aforada, en el TS», ha indicado el concejal socialista.
Bernal se ha mostrado confiado en que el juez remitirá la causa al TS «cuando su agenda se lo permita». Ha asegurado también que está «convencido de que la alcaldesa, personada en la causa, intentará usar vericuetos procesales para lograr que se anule todo lo actuado».
Cambios de última hora
Por su parte, la exconcejal Susana Radío ha señalado a un grupo de periodistas tras testificar ante el juez instructor que su grupo municipal desconocía que «se hubieran realizado cambios de última hora» en la documentación relacionada con el PGOU de 2010. «A día de hoy aún no sé en qué han consistido esas modificaciones entre lo que se dio cuenta en la Comisión de Urbanismo y lo que, finalmente, se ha tramitado», ha señalado.
El exconcejal del PP Diego Eyzaguirre ha asegurado que los hechos que investiga el juez ocurrieron «hace nueve años». «No me acuerdo de nada», ha apuntado, indicando que era el concejal de Tráfico «y estábamos en el día a día del trabajo». «Me dijeron que hubo un problema a posteriori y yo confié en los técnicos de Urbanismo. Yo no soy técnico de Urbanismo y estaba en lo mío. Si me tuviera que acordar de todo, tendría una mente privilegiada», ha indicado tras comparecer ante el juez.
El Fiscal pide elevar la causa al TS
La Fiscalía considera que se debe remitir el caso al Tribunal Supremo, al estimar que existen «fundados indicios» o «dotados de mínima verosimilitud» sobre la supuesta participación de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que tiene la condición de aforada al ser senadora.
En un escrito remitido al juez de Instrucción número 3 marbellí, que lleva el caso, el fiscal señala que hay «sobrados indicios de la presunta comisión del delito de falsedad». Y pide que se remita el caso a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo «mediante exposición» motivada, ya que consta que Muñoz, «denunciada en las presentes diligencias previas», tiene la condición de senadora, por lo que la causa le correspondería a dicho órgano judicial.
Asimismo, se añade que el investigado que había en esta causa, el exvicesecretario del Ayuntamiento, ha fallecido, apuntando que «se deducen fundados indicios o dotados de mínima verosimilitud para considerar la presunta participación» de Muñoz en el delito de falsedad documental, tanto del recurso presentado por la Fiscalía, contra el archivo acordado por el juez el pasado año, como en el auto de la Audiencia de Málaga, por el que se reabrió la causa en marzo.
La acusación pública realizó estas consideraciones en un escrito en el que se opone a la nueva petición de archivo por parte de la representación de la alcaldesa, al apuntar que dicho sobreseimiento iría en contra de la decisión de la Audiencia de reabrir el caso.
El fiscal considera que «no se hubiera faltado a la verdad en la narración del acta del pleno del Ayuntamiento de Marbella si la señora alcaldesa, Ángeles Muñoz, hubiera informado al pleno y sometido a votación de éste una cuestión trascendental como la modificación de 22 de los 71 planos que componían el PGOU de Marbella».
La Audiencia de Málaga acordó el pasado mes de marzo reabrir el caso, al entender «precipitado el archivo» de la denuncia «en cuanto al delito de falsedad en documento público cometida por funcionario público a título de imprudencia grave». E instó al juez a practicar diligencias solicitadas por el fiscal, como la declaración en calidad de testigos de las personas, entre ellas dos exconcejales.
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