El Pleno del Ayuntamiento de Marbella ha aprobado este viernes, en su sesión ordinaria del mes de noviembre, reclamar a la Administración de Justicia -en este caso, a la Abogacía del Estado- que se ejecuten de manera forzosa las sentencias sobre el patrimonio de tres condenados por el ‘caso Malaya’ cuya responsabilidad alcanza los 250 millones de euros, con el fin de evitar que puedan prescribir.
Además, la Corporación municipal ha acordado instar al Gobierno central a que incluya en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 una modificación legislativa que mantenga, como ya se hizo en 2018, la posibilidad de retorno a la ciudad del dinero en concepto de multas derivado de procedimientos judiciales por corrupción para destinarlo, a través de la formalización de un convenio, al fomento de actuaciones de interés público general para la localidad.
En la actualidad, en el Tesoro Público se encuentran ingresados casi 3,1 millones de euros recaudados en relación con el ‘caso Malaya’.
Con respecto a la primera moción, presentada por el equipo de Gobierno, el portavoz municipal Félix Romero, ha señalado que “nosotros tenemos que buscar soluciones para pagar esas deudas que venían de la corrupción y, sin embargo, la deuda derivada de la corrupción resulta dificilísima de percibir a menudo y, además, con la pasividad muchas veces de la administraciones superiores”.
En este sentido, el concejal ha lamentado que “da la impresión de que al Ejecutivo de la nación “no parece dolerle lo que nos robaron, ni las dificultades que se le sigue causando al pueblo de Marbella”. Ha recordado “que cuando estalla el ‘caso Malaya’ por orden de los tribunales se procede a dictar orden de detención de una serie de personas y a embargar un importante número de bienes precisamente para que respondiesen los entonces presuntos culpables de sus responsabilidades”.
“Lo que proponemos en este Pleno es que se reclame la subasta y ejecución de esos bienes, que están próximos a prescribir”, ha indicado el edil, que ha resaltado la relevancia de la Ley de Presupuestos que aprobó el último Gobierno de Mariano Rajoy que permitía que los bienes y el dinero de estos procedimientos “pudiese revertir en Marbella”.
