La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental va a dar un paso más en su apuesta por «ser pionera en cuanto a la implantación de medidas medioambientales que vayan encaminadas en pro de la sostenibilidad».
Así lo ha indicado el presidente de la entidad, Manuel Cardeña, que ha adelantado que en la próxima asamblea se presentará una moción para que la Mancomunidad «siga incluyendo en los distintos pliegos de condiciones de obras, tanto de la Mancomunidad como de Acosol, la obligación de que, como mínimo, el 75% de los residuos generados en ellas se preparen para su reutilización y reciclaje».
También, ha continuado, «vamos a establecer en los futuros pliegos de condiciones de obras que los adjudicatarios deberán suministrarse, como mínimo, de un 5 por ciento de materiales reciclados para ejecutarlas, y también la obligación de que los licitadores presenten en su oferta una memoria detallada donde se refleje el cumplimiento de la reducción de la huella de carbono».
La delegada de Urbanismo y Oficina Técnica de la Mancomunidad, María Heredia, ha explicado que «el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, vinculado a los fondos Next Generation de la Unión Europea, recoge en el criterio DNSH que en las obras financiadas se debe incluir una condición según la cual al menos el 70% (en peso) de los residuos de construcción y demolición generados en los proyectos de infraestructura –con exclusión de los residuos con código LER 17 05 04–, se preparen para la reutilización, el reciclaje y al revalorización de otros materiales, incluidos para sustituir otros materiales. Análogamente, en los proyectos financiados que impliquen demolición, se incluirá la práctica de demolición selectiva».
De igual modo, la delegada ha agregado que «otro factor de importancia a tener en cuenta en las obras que ejecuta la Mancomunidad es el de los materiales que las empresas adjudicatarias usan para realizarlas».
En la actualidad, ha incidido, «el cambio climático y el calentamiento global son dos de las principales cuestiones asociadas al desarrollo sostenible». «Además, su repercusión se extiende a todos los niveles de la sociedad y de la estructura económica. Desde la entrada en vigor del Protocolo de Kioto en 2005, numerosas organizaciones reguladas han tenido que proporcionar anualmente inventarios de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Este hecho motivó la aparición del concepto de la huella de carbono».
Por último, ha recordado que «actualmente muchos gobiernos están aplicando medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de políticas nacionales que incluyen la introducción de programas de comercio de emisiones, impuestos sobre el carbono o la energía, así como regulaciones y normas en materia de eficiencia energética y emisiones».
