El Ayuntamiento ha conseguido una sentencia judicial favorable que evita en primera instancia el desembolso de 44 millones de euros en el marco de un proceso urbanístico que fue aprobado por un Gobierno del GIL.
El portavoz municipal, Félix Romero, ha considerado, después de la Junta de Gobierno Local, que la resolución, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Málaga, supone “una noticia relevante” para la ciudad y establece un criterio “que esperamos que mantengan los tribunales para continuar haciendo frente a la pesada losa de esa época”.
El edil ha recordado que este hito judicial llega después de que el Tribunal Supremo cambiara el criterio de prescripción ante los incumplimientos en este tipo de acuerdo urbanístico, pasando de los 5 a los 15 años.
“Esto provocó que comenzarán a dictarse sentencias firmes a favor de los demandantes y nos obligó a acudir al Fondo de Ordenación Estatal para el abono de hasta 43 millones de euros”, ha relatado Romero, quien ha detallado que la última sentencia “nos da la razón porque hubo muchas empresas que llegaron a acuerdos con los gobiernos del GIL y después cedían sus derechos a terceros y, ante esta situación, nuestra asesoría jurídica ha hecho valer que no se nos puede reclamar que cumplamos con alguien que ha accedido a una relación contractual sobre derechos públicos en los que no han sido autorizados, ni además eran conocidos por nuestra administración”.
